Los servicios públicos son el instrumento jurídico de la UE que permite mantener rutas aéreas necesarias desde el punto de vista social, sin embargo, son comercialmente insostenibles. La disponibilidad de las conexiones tiene un efecto catalítico positivo sobre el crecimiento económico y el empleo. La regulación de incentivos en el ámbito del transporte aéreo cubre los defectos de la economía de mercado, y por lo tanto puede ser considerada como una herramienta de desarrollo regional.